(11 de abril de 2019) La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, que representa a más de un millar de AMPA de las provincias de Alicante, Castelló y València, lamenta los reiterados ataques a la escuela pública realizados en las últimas semanas por los candidatos de diferentes partidos políticos a las elecciones autonómicas y municipales y, en este sentido, condena el uso político que se hace de la educación en época de campaña electoral y el fácil recurso al desprestigio a la escuela pública y al profesorado.
La organización cree que la escuela pública, aún con sus carencias, es la que ofrece más garantías de calidad, por los controles públicos a los que está sometida y por la vía de acceso del profesorado, a través de las oposiciones. Las aulas públicas, incide, acogen a todo tipo de alumnado, sin discriminación socioeconómica, ni cultural, ni por raza o sexo y entre los principios que regulan la admisión y la escolarización, precisamente, están la obligación del reparto equilibrado y heterogéneo del alumnado para contribuir a hacer de las aulas un reflejo de la sociedad y son espacios cada vez más inclusivos, donde se trabaja la diversidad y la diferencia como factores que enriquecen los centros.
Las escuelas públicas, asimismo, están abiertas también a la participación de las familias, a través de las AMPA y de los consejos escolares, y son las que más trabajan y potencian la comunidad educativa, y esto es otra garantía de diversidad y de respeto a la pluralidad inherentes al sistema democrático, señalan desde la Confederación Gonzalo Anaya.
Para el movimiento de madres y padres, los problemas de la educación pública no son ni el adoctrinamiento ni la imposición del valenciano, como pretenden dar a entender determinados líderes políticos. Los problemas que arrastra la educación pública valenciana desde hace décadas y que las familias vienen denunciando año tras año son otros como la falta de profesorado capacitado, los recortes realizados por los gobiernos que se han traducido en plantillas mermadas y centros necesitados de reformas, las elevadas ratios, el fibrocemento aún presente en numerosos centros, la deficiente atención al alumnado más necesitado por falta de recursos, la segregación escolar, el alto índice de fracaso escolar o la baja implantación de la FP, entre otros aspectos. La Confederación Gonzalo Anaya considera que la solución a estas situaciones no pasa por la recentralización de las competencias educativas, en contra de lo establecido en la propia Constitución Española de 1978, sino todo lo contrario. Precisamente, uno de los aspectos que defiende la confederación de AMPA es la aportación de soluciones desde la proximidad, desde las administraciones más cercanas a los centros e implicando a la comunidad educativa y el resto del tejido asociativo del propio entorno. En este sentido, la confederación recuerda su rechazo a la LOMCE, una ley que ha restringido la participación de las familias en los centros educativos, entre otros muchos ataques a la educación pública.
Las familias defienden asimismo la necesidad de respetar y preservar la cultura y tradiciones propias, algo difícil si se cuestiona el actual ordenamiento territorial y la transferencia de competencias a las diferentes comunidades autónomas. Desde la confederación se defiende el respeto y el conocimiento completo de las dos lenguas cooficiales en la escolarización, tal y como prevé la ley del plurilingüismo, e incluso va más allá y viene pidiendo que se incentive la formación en valenciano en las zonas de predominio castellanohablante y que se les asigne profesorado convenientemente capacitado y motivado para revertir el desinterés y, en ocasiones, el rechazo que se ha creado en numerosas comunidades precisamente por políticas educativas poco afortunadas desarrolladas en el pasado, explica el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Txomin Angós.
La Confederación Gonzalo Anaya insta, por tanto, a los líderes políticos a la búsqueda de consensos, no a la creación de conflictos y tensiones, y a poner el foco en las verdaderas necesidades para garantizar a una escuela valenciana totalmente pública de calidad, sin concertación, que sea plural, respetuosa e inclusiva, y al alcance de todas las familias.