El pasado mes de septiembre, la Conselleria de Educació junto a la de Sanitat publicaron una resolución a través de la cual se legislaba por primera vez los pasos a seguir en lo refente a la atención regular, las urgencias y las necesidades de medicación en los colegios. Aunque el paso es importante, porque hasta el momento, ningún documento administrativo lo contemplaba, la resolución de septiembre no deja bien establecidas las responsabilidades en el caso de actuación, ni en el caso de las urgencias si el centro está obligado a tener un botiquin o cómo llevar a cabo esa actuación por falta de formación. También entendemos que la publicación de esta resolución se realiza tarde, en septiembre, a pocos días del inicio de curso, lo que ha dificultado en la mayoría de casos la coordinación entre los centros de salud y los centros educativos, aunque en algunos centros la aplicación ha sido efectiva. Nuestro acuerdo y reinvidicación es que el protocolo debe estar definido meses antes del comienzo del nuevo curso para que tanto los centros, educativos y sanitarios, como las familias, conozcan el derecho que tienen a este servicio y puedan usarlo de la manera más efectiva, así se lo hemos comunicado a la Conselleria en la última reunión.
Otro de los puntos que se trataron ayer es exigir al gobierno autónomico que modifique de la resolución vigente el punto en el que se refiere a la atención no titulada para hablar de la atención sanitaria en los centros. Consideramos que esta atención sanitaria debe ser realizada por personal titulado y en ningún caso, la responsabilidad de esa atención o la administración de medicamentos debe recaer sobre personal de los centros no cualificado, tal y como indica la ley. Queremos evidenciar que a día de hoy, son muchas las familias las que son requeridas por el personal del colegio para que acudan a dar este soporte sanitario a sus hijos, en muchos casos a administrar la medicación, con el perjuicio que eso conlleva para las familias.
También durante la mesa de trabajo, y haciendo recuento de las necesidades que estas familias tienen en el País Valencià respecto a la atención sanitaria, planteamos la necesidad de disponer de hospitales perdiátricos, como lo tienen otras comunidades como Cataluña o Madrid; lo que dificulta la atención de especialistas. Tampoco disponemos a día de hoy datos sobre el número de alumnos que necesitan una asistencia sanitaria en los centros en horario lectivo. Esto dificulta la aplicación de las medidas. Todo esto unido a una falta de información hacia las familias y hacia el personal docente que en muchos casos no saben cómo actuar, y sobre todo, no cuentan con la formación adecuada para hacerlo.
La agrupación formada por 69 asociaciones entre las que se encuentra la Confederación Gonzalo Anaya continuará reinvidicando la aplicación de un protocolo definido y coordinado entre los centros sanitarios y los educativos.
Por una educación pública de calidad
Desde La Confederación Gonzalo Anaya nos acercamos y damos apoyo a los colectivos que están trabajando para mejorar la educación pública y la calidad de vida de nuestros hijos e hijas. Nuestra preocupación por su bienestar nos ha acercado a la alimentación sostenible, a los educadores de educación especial, apoyándoles en su lucha para conseguir el reconocimiento de sus derechos estando presentes en las concentraciones como la organizada ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia; así como de los educadores sociales, porque su tarea es primordial para la formación de nuestros hijos e hijas; así como apostamos por la educación pública en todas sus vertientes, también en la opción a distancia a través del Centro Específico a distancia del País Valencià.